Resumen: La pretensión del recurso es que le sea reconocida la prestación de desempleo derivada de ERTE por causa del COVID, fuerza mayor, correspondiente a los periodos en que de no existir dicho expediente de regulación no habría trabajado por haberse concentrado la jornada a tiempo parcial a lo largo de 270 días. Misma cuestión ya ha sido resuelta (sentencia 982/2025, de 21 de octubre, (rcud. 579/2024), entre otras). Al estar la jornada laboral concentrada, cuando se estaba en período de actividad se percibía o bien salario, en circunstancias normales, o bien prestaciones, en situación de pandemia, pero no cuando se estaba en período de inactividad al no existir situación legal de desempleo. El actor satisfizo toda la prestación de servicios a la que estaba obligado y, por ello, tenía sin duda derecho al percibo de las retribuciones correspondientes y el derecho a que la empresa efectuara las pertinentes cotizaciones, pero ninguna consecuencia se deriva ni para la empresa ni para el trabajador por el acuerdo colectivo de suspensión de los contratos de trabajo.La misma conclusión ha de imponerse con la regulación especial covid. Cabe concluir que los períodos de inactividad en una jornada concentrada no generan derecho a prestación por desempleo, aun estando la relación laboral suspendida por un ERTE FM Covid-19. Estima recurso SEPE.
Resumen: En relación al primer punto de contradicción no concurre CONTRADICCIÓN. En la sentencia recurrida, el debate se ciñe a dilucidar si el hecho de que la prestación de desempleo reconocida derive de un ERTE ETOP no COVID, que sigue sin solución de continuidad a un ERTE COVID, justifica que no se computaran en ningún momento como consumidas las prestaciones por desempleo disfrutadas, y, por el contrario, en la sentencia referencial se discute si el periodo de percepción de prestaciones de desempleo como consecuencia de la suspensión del contrato de trabajo por un ERTE-COVID debe computarse como cotizado a efectos de percibir una nueva prestación de desempleo. La segunda cuestión casacional consiste en determinar la forma de calcular la base reguladora de la prestación por desempleo, esto es, si se consideran las cotizaciones de los últimos 180 días a la situación de desempleo o si, por el contrario, se consideran las cotizaciones mensuales en meses de 30 días de los últimos 6 meses. la sentencia recurrida computa por meses de 30 días, contra lo que dispone en su literalidad el artículo 270.1 LGSS, lo que es incorrecto atendiendo a la literalidad de lod arts. 8.7 del Real Decreto-Ley 18/2021, el artículo 270.2 LGSS y el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre. Se debe teneren cuenta los últimos 180 días de cotizaciones diarias, aunque las cotizaciones de los trabajadores hayan sido mensuales. Se estima en este punto recurso del SEPE.
Resumen: ORDINARIO ARRENDATICIO. Recurso de casación, por interés casacional, contra sentencia recaída en juicio ordinario, sobre arrendamiento urbano de local de negocio. Se admite el recurso
Resumen: ERTE COVID. Periodo de percepción de prestaciones de desempleo como consecuencia de la suspensión del contrato de trabajo por un ERTE-Covid. No debe computarse como cotizado a efectos de percibir una nueva prestación de desempleo. Reitera doctrina. Sentencia de señalamiento adicional
Resumen: Se desestima el recurso de Comisión Representativa (Comisión Híbrida) de Personas Trabajadoras y la CGT y se confirma la desestimación de la demanda en la que se solicitaba la declaración de nulidad del despido colectivo y, subsidiariamente, su carácter de no ajustado a derecho, con condena solidaria, en ambos casos, a las empresas demandadas. La Sala IV efectúa los siguientes pronunciamientos: 1. Se confirma la inadecuación de procedimiento respecto de los repartidores con contrato mercantil de trabajador autónomo, por ser necesario un examen particularizado de su vínculo puesto que no se acredita que presten servicios de forma homogénea. 2. No se quebrantaron las formas esenciales del juicio por la admisión de la prueba propuesta por las partes demandadas. 3. No se estiman las peticiones de revisión fáctica solicitadas. 4.- En cuanto al fondo del asunto se desestiman las infracciones de norma denunciadas: no existe mala fe negocial por negarse la empresa a reconocer el carácter laboral de los repartidores con contrato mercantil ni se constata la alegada falta de entrega de documentación; El incumplimiento de la comunicación en tiempo del mandato contenido en la disposición adicional sexta del RD 1483/2012 no afecta a la calificación del despido colectivo; No se aprecia la existencia de grupo laboral de empresas; no aprecia infracción de los deberes de información y documentación, ni mala fe procesal, ni tampoco, en fin, que no concurran las causas económicas, productivas y organizativas.
